La decisión del 5 de septiembre de 2017 del presidente Donald Trump de rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha devastado a los 800.000 jóvenes a los que hace cinco años se les concedió una suspensión de remoción y una oportunidad de estudiar, trabajar, y vivir en los Estados Unidos. En los últimos cinco años, estos jóvenes han demostrado su determinación de encarnar el Sueño Americano; han completado carreras universitarias, han trabajado, pagado impuestos, comprado casas, y tienen sus propias familias en los Estados Unidos. Ahora, enfrentando la posibilidad de ser deportado a países a los que no tienen vínculos discernibles, y algunos a países donde no hablan el idioma, los beneficiarios de DACA se sienten traicionados, y con toda razón.
Bajo el pretexto de corregir un error constitucional que no existe, la administración de Trump ha intercambiado las vidas de los inocentes por unos pocos puntos políticos de una base xenófoba que es poco probable que entienda los efectos devastadores de eliminar DACA. Nada destaca el propósito verdadero de eliminar DACA que la declaración hecha el martes por la mañana por el fiscal general de los EE. UU. Jeff Sessions.
En declaraciones anteriores, Sessions ha intentado encubrir sus inclinaciones nativistas argumentando que la orden ejecutiva de DACA era inconstitucional, pero la declaración del martes reafirmó las sospechas que muchos de la comunidad de inmigrantes han tenido; el argumento constitucional era poco convincente y completamente falso. La declaración de Sessions solo hizo un breve comentario sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, indicando que fue una política “implementada unilateralmente a gran controversia,” describiendo el programa como “inconsistente con la separación de poderes de la Constitución,” y “vulnerable a los mismos desafíos constitucionales que los tribunales determinaron con respecto al programa DAPA.” Sin embargo, en 2012, cuando se promulgó la orden ejecutiva de DACA, la controversia no fue su implementación sino el fracaso del Congreso en aprobar una reforma migratoria integral. El establecimiento de la orden ejecutiva de DACA no era, como dice Sessions, “una elusión ilimitada de las leyes de inmigración” y “un ejercicio inconstitucional de autoridad por el Poder Ejecutivo,” sino más bien el ejercicio del poder ejecutivo constitucional establecido desde hace mucho tiempo.
La acción diferida es una medida discrecional que cae bajo el poder presidencial de ejecución de las leyes de los EE. UU. Artículo II de la Sección Tres de la Constitución ha sido interpretada por la Corte Suprema como la fuente del poder ejecutivo y la discreción de la fiscalía. DACA no es la primera vez que la acción diferida se ha concedido y ciertamente no la última. Los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush otorgaron amplios programas de acción diferida, permitiendo a los familiares de aquellos que recibieron amnistía en 1986 evitar la expulsión y permanecer en Estados Unidos. Además, el poder ejecutivo de conceder acción diferida basada en consideraciones humanitarias continúa vigente, pero esto no es un hecho que el pueblo estadounidense va oír de Jeff Sessions. Además, señalar que DACA era susceptible a ataques constitucionales como DAPA es una declaración falsa, ya que el caso de DAPA fue detenido por un mandato preliminar y la constitucionalidad de DAPA no fue decidida definitivamente.
Con el entendimiento que los ataques constitucionales contra DACA son infundados, el núcleo de la declaración de Sessions fue velado en caracterizaciones incorrecta sobre el programa, incluyendo que este concede “estatus legal” y “amnistía ejecutiva.” Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. DACA otorga a los beneficiarios un período de estadía autorizada, otorgándole una autorización de estadía y una autorización de trabajo únicamente durante su período de validez. DACA nunca proporcionó una avenida para procurar estatus de residente permanente legal o ciudadanía estadunidense. La amnistía verdadera, un camino hacia la legalización, fue provista en gran escala por Ronald Reagan en 1986. Otros actos de indulto migratorio como la protección bajo 245 (i) y NACARA fueron más limitado.
Además, la afirmación de Session que DACA proporciona un estatus legal completo desmiente la realidad de los beneficios otorgados a sus participantes. DACA permite a sus beneficiarios recibir autorización de trabajo y otorga elegibilidad para continuar su educación más allá de la escuela secundaria. Sin embargo, los beneficiarios no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, subsidios, y becas. Esto significa que muchos beneficiarios de DACA pagaron por su escolaridad de su bolsillo. El programa DACA también impidió que muchos jóvenes recibieran una plétora de beneficios federales y estatales. También, el programa previene que sus beneficiarios sean elegibles a ciertos trabajos y algunos estados los hicieron inelegibles para las licencias de conducir hasta 2015.
La declaración de Sessions caracterizó erróneamente el programa al implicar que el programa no estaba delimitado y los criterios de elegibilidad habían incentivado a otros inmigrantes a entrar ilegalmente a los Estados Unidos. “El efecto de esta amnistía ejecutiva unilateral … contribuyó a una oleada de menores no acompañados en la frontera que produjo terribles consecuencias humanitarias.” Sin embargo, las realidades del programa no encajan en la narrativa nativista que DACA es una amnistía general que fomenta más individuos para entrar ilegalmente en los Estados Unidos. La realidad es que DACA estableció criterios estrictos para la elegibilidad. El beneficiario de DACA debe haber entrado a los Estados Unidos antes de los 16 años, debió estar presente en los EE.UU. el 15 de junio de 2012, debe haber estado presente continuamente desde el 15 de junio de 2007 y, lo más importante, haber cumplido con los criterios relacionados con su educación y antecedentes penales. El programa dejó claro que la población de beneficiarios ya estaba presente en los Estados Unidos en el momento de su anuncio. Además, el aumento de los menores no acompañados que ingresaron a los Estados Unidos no tiene nada que ver con el DACA. La oleada de menores no acompañados fue el resultado de la violencia de pandillas que ahora afecta a Centroamérica. Por otra parte, este aumento comenzó en 2008. Los niños no acompañados que ingresaron en 2008 no pudieron recibir DACA porque no cumplen con uno de los criterios esenciales del programa, presencia continua desde el 15 de junio de 2007.
Además de falsificar el carácter del programa, la declaración de rescisión del DACA no reconoció que DACA agregó muchas más personas a la fuerza de trabajo estadounidense quienes contribuyeron a la economía de forma positiva. La declaración de Sessions hizo el infundado argumento de que los beneficiarios de DACA desplazaron a los trabajadores estadounidenses. Sostiene que el programa DACA “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses permitiendo que esos mismos trabajos fueran a extranjeros ilegales.” No hay datos que apoyen la veracidad de esta declaración. También ofusca la naturaleza de la economía presentando trabajos como un juego de suma cero en el cual cada trabajo extendido a un beneficiario de DACA toma un trabajo de un trabajador americano. Esta es la misma diatriba xenófoba que los inmigrantes, incluyendo los inmigrantes legales, han escuchado una y otra vez para justificar un tratamiento dispar, y explicar una economía pobre.
Sessions presenta la eliminación de DACA como una solución para mejorar la vida de millones de estadounidenses y la economía. De hecho, la evidencia sugiere que lo contrario es cierto. Las estimaciones del Instituto CATO sugieren que eliminar DACA podría costarle miles de millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Los beneficiarios de DACA han contribuido con miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales y eliminarlos de la mano de obra legal crearía un vacío significativo en la economía de los Estados Unidos. Todos los beneficiarios de DACA no están en proceso de remoción, lo que significa que muchas de estas personas no enfrentarán la expulsión inmediata de los Estados Unidos y se agregarán a la mano de obra indocumentada. La mano de obra indocumentada es frecuentemente explotada por los empleadores y se les paga menos que sus contrapartes con autorización de empleo.
La declaración de Sessions también hace afirmaciones sobre cómo la rescisión de DACA produciría un país más seguro. Afirmó, “El cumplimiento de las leyes salva vidas, protege a las comunidades y los contribuyentes, y evita el sufrimiento humano.” Agregó, “El fracaso en hacer cumplir las leyes en el pasado ha puesto a nuestra nación en riesgo de delito, violencia e incluso terrorismo.” Sin embargo, aumentar el número de individuos que no están protegidos de la remoción ha creado una población que es desconfiada del gobierno y las autoridades. Las encuestas han demostrado que un número cada vez más grande de personas indocumentadas tienen menos probabilidad de denunciar crímenes. Rescindir DACA sólo ha asegurado que habrá más personas más preocupadas por ser removido que la seguridad de los EE. UU.
El programa DACA fue una iniciativa exitosa de acuerdo con las prioridades de la administración Obama. Estuvo dentro de la autoridad administrativa del presidente y trajo un alza económica al otorgar permiso de trabajo a miles. Como una acción humanitaria, también dio un rayo de esperanza a los niños que fueron traídos a los Estados Unidos y no han conocido ningún otro país. Ahora, tanto los documentados como los indocumentados se enfrentan a las consecuencias de esta acción de corto alcance que pretende ser un premio de consolación para un muro que tiene una probabilidad infinitesimal de llegar a realizarse.